{"id":33402,"date":"2019-01-24T00:00:00","date_gmt":"2019-01-24T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/194.35.43.170\/~aitamenninueva\/primera-sesion-clinica-2019-analiza-12715\/"},"modified":"2023-02-20T20:45:56","modified_gmt":"2023-02-20T20:45:56","slug":"primera-sesion-clinica-2019-analiza-12715","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ospitalarioakfundazioaeuskadi.org\/es\/primera-sesion-clinica-2019-analiza-12715\/","title":{"rendered":"La primera sesi\u00f3n cl\u00ednica de 2019 analiza aspectos relacionados con la evaluaci\u00f3n de la capacidad"},"content":{"rendered":"
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El lunes d\u00eda 21, se celebr\u00f3 en la sala de audiovisuales del Hospital Aita Menni en Arrasate la primera sesi\u00f3n cl\u00ednica de 2019. Gran parte de los profesionales que participaron conoc\u00edan a la ponente, la psiquiatra Blanca Morera<\/b>, ya que durante una d\u00e9cada trabaj\u00f3 en nuestro hospital. M\u00e1ster en Psiquiatr\u00eda Legal e integrante del Comit\u00e9 de Bio\u00e9tica Asistencial del Hospital Donostia, la doctora Morera<\/b> abund\u00f3 sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre distintos aspectos relativos a la valoraci\u00f3n de la capacidad de obrar, haciendo hincapi\u00e9 en el concepto de\u00a0 incapacidad legal en las personas con enfermedad mental.<\/p>\n

Tras algunas reflexiones sobre el marco conceptual y sus dificultades, la autonom\u00eda y la toma de decisiones sanitarias y no sanitarias, nuestra docente invitada\u00a0centr\u00f3 su ponencia en los cambios paradigm\u00e1ticos introducidos en el texto aprobado en la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificado enero 2008. La Convenci\u00f3n de Nueva York aboga por un modelo social frente al modelo m\u00e9dico. En este nuevo escenario el concepto de diversidad funcional sustituye al concepto de discapacidad.\u00a0<\/p>\n

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En el aspecto m\u00e1s pr\u00e1ctico, la CDPD incide en el apoyo y la promoci\u00f3n de la autonom\u00eda y su ejercicio, en lugar de la sustituci\u00f3n de la capacidad<\/b>. Este nuevo modelo, menos \u2018paternalista\u2019, implica cambios legislativos y en las pol\u00edticas asistenciales, que deber\u00e1n ir implement\u00e1ndose. Porque, a juicio de la ponente, \u00abla discapacidad no est\u00e1 tanto en las personas que padecen limitaciones f\u00edsicas o ps\u00edquicas como en el entorno social que las envuelve, impotente en la tarea de promover su vida en los mismos t\u00e9rminos en que las disfrutan las dem\u00e1s personas\u00bb.\u00a0<\/i><\/p>\n

La autonom\u00eda, pr\u00e1ctica y jur\u00eddica, tiene diferentes ‘caras’ – especific\u00f3\u00a0Blanca Morera<\/b>– citando al profesor Jos\u00e9 Antonio Seoane<\/b>. Vertientes que tienen que ver con el derecho a gestionar la vida privada de acuerdo con los propios valores y creencias, sin interferencias de otros, incluido el propio Estado. Y en cuanto a la asistencia sanitaria, la autonom\u00eda hace referencia al derecho a gestionar el propio cuerpo, que se refleja en la gesti\u00f3n de la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, y la sexualidad. Los tres ejes principales de ese derecho de autogesti\u00f3n son: la autonom\u00eda decisoria o la libertad de elecci\u00f3n (consentimiento informado, v<\/a>oluntades anticipadas<\/a>, decisiones de sustituci\u00f3n); la autonom\u00eda informativa (disposici\u00f3n y control de la informaci\u00f3n que le concierne a la propia persona), y la autonom\u00eda ejecutiva o funcional (libertad de acci\u00f3n: realizar por uno mismo aquello que ha decidido).<\/p>\n

Se anuncian cambios<\/p>\n

\"\"<\/a><\/i>En la valoraci\u00f3n de la capacidad se deber\u00e1n considerar no s\u00f3lo aspectos funcionales sino tambi\u00e9n contextuales y de apoyo. Una de las \u00faltimas medidas legislativas aprobadas tras las recomendaciones a Espa\u00f1a de la CDPD ha sido la Ley Org\u00e1nica 2\/2018<\/a>, de 5 de diciembre, que garantiza el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad<\/b>, para la modificaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 5\/1985 del R\u00e9gimen Electoral General. La recomendaci\u00f3n n\u00famero 34 de la Convenci\u00f3n\u00a0de Nueva York, por citar una de ellas, sugiere cambios en la normativa de guarda y tutela<\/a>.\u00a0Son previsibles reformas\u00a0<\/b>en el C\u00f3digo Civil, entre ellas se perfila la curatela en lugar de la tutela como la principal medida de apoyo judicial. Tambi\u00e9n se anuncia la revisi\u00f3n del Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, de 1997, que autoriza la privaci\u00f3n de libertad de una persona con problemas de salud mental fundamentando la decisi\u00f3n en la presunci\u00f3n de riesgo.\u00a0<\/p>\n

No por favor sino por derecho<\/p>\n

\u00abVienen cambios<\/a>. Se acerca un modelo de apoyo en lugar del de sustituci\u00f3n. Eso nos flexibiliza, pero se precisa\u00a0un cambio de mentalidad; m\u00e1s que un cambio de t\u00e9rminos lo importante es entender el esp\u00edritu\u00a0que est\u00e1 detr\u00e1s.\u00a0<\/i>La premisa fundamental es que las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental son titulares de derechos<\/b> y no mero objeto de tratamiento jur\u00eddico y protecci\u00f3n social. El sistema no les est\u00e1 ‘haciendo un favor’.\u00a0 Muchas personas\u00a0que tienen afectaci\u00f3n en la toma de\u00a0decisiones y fueron incapacitadas pueden iniciar procesos de recapacitaci\u00f3n y necesitar\u00e1n ser evaluadas<\/b>\u00ab, <\/i>asegur\u00f3 Morera, <\/b>a la par que se\u00f1al\u00f3 que la CDPD tambi\u00e9n\u00a0insta a la formaci\u00f3n de los profesionales que intervienen en el proceso. \u00abHabr\u00e1 que buscar un marco formal, establecer una sistem\u00e1tica, y si hay personas capaces de tomar decisiones habr\u00e1 que fomentarlo\u00bb.<\/i><\/p>\n

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Coerci\u00f3n versus cuidados<\/p>\n

En la recomendaci\u00f3n 36 el Comit\u00e9 de seguimiento de la aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n recomienda al Estado espa\u00f1ol \u00abque revise sus disposiciones legislativas que autorizan la privaci\u00f3n de libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicol\u00f3gicas o intelectuales; <\/b>que derogue las disposiciones que autorizan el internamiento forzoso a causa de una incapacidad manifiesta o diagnosticada, y que adopte medidas para que los servicios m\u00e9dicos, incluyendo todos los servicios relacionados con la salud mental, se basen en el consentimiento otorgado con conocimiento de causa por el interesado\u201d, poniendo en solfa el Art\u00edculo 763 de Internamiento no voluntario por raz\u00f3n de trastorno ps\u00edquico contenido en la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil<\/a>.<\/p>\n

Acciones proteccionistas \u00e9ticamente justificadas<\/b><\/p>\n

La correcta aplicaci\u00f3n de la CDPD debe implicar cambios legislativos profundos que afectar\u00e1n a los procedimientos judiciales. No obstante, se hace necesario considerar que la mera eliminaci\u00f3n de toda medida coactiva no ser\u00eda probablemente lo mejor en algunos pacientes claramente incapaces.\u00a0<\/span>En cualquier caso, \u00abl<\/i><\/span>a coacci\u00f3n se aplica de forma justa, con consideraci\u00f3n y afecto, y provoca en quien la decide o ejerce un malestar moral razonable. En el \u00e1mbito de la acci\u00f3n social, psicoeducativa y socio-sanitaria, una medida coactiva nunca puede formar parte de una normalidad impensada e insensible\u00bb, <\/i>afirm\u00f3 <\/span>Morera<\/b>.\u00a0<\/i><\/p>\n

\u00abEl consentimiento es uno de los problemas. Otro, garantizar la protecci\u00f3n\u00bb.<\/i> Preocupada por el ataque que\u00a0ingresos y tratamientos involuntarios\u00a0pueden suponer al derecho a la libertad, a la dignidad y la capacidad de decidir de las personas con enfermedad mental y discapacidad intelectual, y tambi\u00e9n por la desprotecci\u00f3n o el abandono que puede significar no ofrecer a estas personas vulnerables los cuidados que necesitan, la psiquiatra forense manifest\u00f3 que\u00a0\u00abla Ley deja una horquilla en cuya aplicaci\u00f3n ha de entrar la bio\u00e9tica\u00bb,<\/b> <\/i>poniendo como ejemplo el desarrollo de la Ley 41\/2002<\/a>, de 14 de noviembre, que regula la autonom\u00eda del paciente en cuanto a derechos y obligaciones en materia de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n cl\u00ednica, partiendo de la base de que todas las personas son capaces de tomar decisiones.\u00a0<\/p>\n

\u00abDesde el respeto se ha de contemplar como inter\u00e9s superior el de la persona incapacitada\u00bb. <\/i>Para concluir que una persona con trastorno mental no puede tomar decisiones hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera de ellas es que \u00ab<\/span>la capacidad es variable en funci\u00f3n del momento\u00a0y de los requerimientos de la tarea\u00bb. Pero adem\u00e1s se han de tener <\/i>en cuenta, seg\u00fan Morera<\/b>: las caracter\u00edsticas espec\u00edficas de la enfermedad o trastorno, su nivel de afectaci\u00f3n y pron\u00f3stico, la capacidad efectiva para diferentes tareas, el grado de implicaci\u00f3n en situaciones vitales (si\u00a0puede poner en riesgo su vida y la de otras personas), el contexto de la persona (si existen\u00a0alternativas menos restrictivas), la necesidades tanto de apoyo como sustitutivas, etc. \u00abEsta evaluaci\u00f3n personal, que\u00a0<\/i>no s\u00f3lo identifica d\u00e9ficits sino que tambi\u00e9n reflexiona sobre estrategias para atenuarlos y sobre la consecuencia de no hacerlo, ha de ser multidisciplinar y requiere asimismo de fuentes secundarias\u00bb<\/i>, concluy\u00f3 la experta.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

No todas las personas ser\u00e1n capaces de tomar decisiones pero, frente al modelo actual, que frecuentemente sustituye a las personas con discapacidad intelectual o\u00a0enfermedad\u00a0mental severa por un tutor que decide por ellas, se perfila un modelo de apoyo en el que estas personas con dificultades tendr\u00e1n otras personas que les ayudar\u00e1n a decidir y facilitar\u00e1n su participaci\u00f3n hasta donde sea posible.<\/b><\/span><\/span><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\nConceptos como ‘incapacitaci\u00f3n’ o ‘recapacitaci\u00f3n’ se est\u00e1n sometiendo a revisi\u00f3n tras la Convenci\u00f3n de Nueva York. La psiquiatra Blanca Morera subray\u00f3 que, tras la adaptaci\u00f3n legislativa, a\u00fan no concluida, en la valoraci\u00f3n de la capacidad se deber\u00e1n considerar no s\u00f3lo aspectos funcionales sino tambi\u00e9n contextuales y de apoyo.\n<\/div>\n
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