Nuestro psiquiatra Iñaki Madariaga alerta sobre la vulnerabilidad de los presos con enfermedad mental grave
El psiquiatra Iñaki Madariaga, responsable de la Unidad de Psiquiatría Legal de Ospitalarioak Fundazioa Euskadi, alertó ayer de la situación de vulnerabilidad que sufren las personas recluidas en prisiones con trastornos mentales graves. “Si hay alguien socialmente desfavorecido, son ellos”, afirmó en la I Jornada de Salud Mental Penitenciaria, organizada por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Durante su intervención en la mesa titulada “Trastorno mental grave en el ámbito penal: retos y realidades del modelo de atención sanitaria y judicial”, el doctor Madariaga señaló que la atención que reciben estos internos en prisión “no es especialmente favorable” y cifró en unas 59.000 las personas privadas de libertad con alguna patología mental, de las cuales alrededor de 4.000 sufren enfermedades psiquiátricas graves.
Nuestro psiquiatra explicó que la Unidad de Psiquiatría Legal, con 20 camas y en funcionamiento desde 2013, acoge a pacientes que han cometido delitos graves en el contexto de su enfermedad mental y que cumplen una medida de seguridad impuesta por sentencia judicial. En estos casos, el objetivo es la estabilización clínica del paciente en un entorno hospitalario, para su posterior traslado a una unidad convencional o, si persiste la inestabilidad, a un centro civil.
El doctor Madariaga destacó que el personal sanitario gestiona íntegramente a los pacientes y que no ha sido necesario recurrir a la intervención de cuerpos policiales como la Ertzaintza: “Nunca han tenido que entrar”.
Salud mental penitenciaria: entre lo legal y lo médico
En la misma mesa redonda, Susana López, fiscal del Servicio de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía de Barcelona, incidió en la existencia de dos vías jurídicas tras un delito: las penas y las medidas de seguridad. Estas últimas, explicó, están orientadas a la “curación o inocuización” de personas que cometen delitos en el contexto de una enfermedad mental y presentan riesgos en caso de no recibir tratamiento adecuado.
Recordó que las medidas de seguridad pueden implicar internamientos —ya sea en centros psiquiátricos, educativos especiales o de deshabituación— y están destinadas a personas declaradas exentas de responsabilidad criminal. En España solo hay tres unidades psiquiátricas penitenciarias: en Alicante, Sevilla y Cataluña (Brians 1), aunque López subrayó que el Defensor del Pueblo ha recomendado que esta última se ubique fuera del recinto carcelario para primar su carácter asistencial.
La fiscal concluyó que “los médicos son quienes entienden de salud mental, no los juristas”, y lamentó que, en ocasiones, lo más adecuado desde el punto de vista clínico “no puede aplicarse legalmente”.
El papel de la medicina forense
También intervino el doctor Luis María Planchat, médico forense del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLC), quien explicó su labor en la evaluación de personas con enfermedades mentales vinculadas al ámbito penal. A petición de jueces o fiscales, elabora informes sobre su estado de salud, autonomía funcional, peligrosidad, o la compatibilidad de su patología con la vida en prisión.
Planchat defendió la entrevista clínica como herramienta fundamental de diagnóstico y recordó que su trabajo también incluye valorar si una enfermedad mental impide al recluso comprender el sentido de la pena que cumple.
